En octubre de 2022, Indonesia promulgó su Ley de Protección de Datos Personales (PDP) (Ley n.º 27 de 2022), la primera regulación integral sobre protección de datos aplicable a diversos sectores, que supone un avance significativo en el marco normativo del país en materia de privacidad de datos. La Ley PDP refleja la creciente importancia de la privacidad de los datos en la era digital y subraya los derechos de las personas respecto a sus datos personales.
La Ley PDP consta de 76 artículos distribuidos en 16 capítulos, que abordan de manera exhaustiva los derechos de propiedad de los datos y las prohibiciones relativas a su uso, así como la recopilación, el almacenamiento, el tratamiento y la transferencia de los datos personales de los usuarios indonesios. La ley también introduce nuevos conceptos, entre ellos la obligación de notificar al regulador tanto antes como después de realizar transferencias transfronterizas de datos personales. La Ley PDP va más allá al introducir sanciones penales en caso de que se produzcan brechas de datos personales.
La Ley de Protección de Datos Personales (PDP) de Indonesia tiene como objetivo salvaguardar los datos personales y establecer un conjunto claro de directrices para su recogida, tratamiento y almacenamiento, alineando a Indonesia con los estándares globales en materia de protección de datos. La ley introduce disposiciones exhaustivas que regulan los derechos de los titulares de los datos, las responsabilidades de los responsables del tratamiento y los mecanismos de ejecución necesarios para garantizar el cumplimiento normativo.
La Ley de Protección de Datos Personales (PDP) regula la protección de datos personales en todos los sectores, afectando a empresas dentro y fuera de Indonesia. Se aplica al procesamiento de datos sensibles de ciudadanos indonesios o que implique repercusiones legales.
Las infracciones pueden dar lugar a sanciones administrativas, como advertencias, suspensión temporal del procesamiento de datos y multas, así como a sanciones penales, como sanciones monetarias y penas de prisión.
Las sanciones penales para particulares pueden suponer multas de hasta 6000 millones de IDR (368 232 USD), para empresas de hasta 60 000 millones de IDR (3 682 326 USD) y penas de prisión de entre 4 y 6 años.
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